La necesidad pudo más que la intransigencia del fisco. Y, más allá de que siempre que se lanzó alguno se dijo que sería el último, los planes de facilidades de pago de impuestos provinciales se han sucedido en casi tres períodos de mandato del gobernador José Alperovich. Primero, según explicó el ministro de Economía Jorge Jiménez, porque el Estado tenía la necesidad de darle al contribuyente la posibilidad de ponerse al día con sus obligaciones; luego, por la caída de la actividad. Y, según el funcionario, en ninguno de los casos se persiguió generar inequidades. “En administración tributaria hay dos cuestiones básicas: que la tasa de interés sea alta para que no se financien vía impuestos y, paralelamente, no incentivar al no pago a través de moratorias”, explicó a DINERO. El Gobierno se apresta a restablecer, en agosto, el décimo régimen de facilidades de pago en casi 12 años de mandato.

La aparición permanente de moratorias puede tener muchas explicaciones y motivos. Sin embargo, parece que lo que resume todos los aspectos es la existencia de un régimen tributario desacertado para una realidad provincial, con una presión fiscal que supera las posibilidades económicas de los contribuyentes, explica el tributarista Luis Comba. “Entonces estos no pagan (algunos porque no quieren, la mayoría porque no pueden) y cuando salen estos regímenes de alguna manera solucionan lo atrasado y la rueda vuelve a comenzar”, acota.

A su criterio, el camino que debe recorrer el Gobierno es pensar que estos planes son un aliciente para no cumplir. “La gente se termina preguntando porqué pagar normalmente si siempre salen regímenes promocionales que permiten solucionar los problemas”, sintetiza. Según Comba, nunca ha sido una política tributaria premiar a quienes son cumplidores de sus obligaciones y por el contrario, siempre se privilegió con beneficios periódicos -como el último régimen aprobado por la Legislatura- a los incumplidores. “Ni aquello hace falta, ni esto está bien. Sin embargo, si la política es dar beneficios especiales a los incumplidores, es una cuestión de justicia otorgar beneficios a los que regularmente pagan sus obligaciones (en línea con esto se encuentra por ejemplo la bonificación de la última cuota del impuesto Inmobiliario para los que cumplen en término)”, agrega.

Tabla de salvación

Según los especialistas, las moratorias si bien permiten que los pequeños contribuyentes se pongan al día, no ataca el problema de fondo, que es la presión fiscal sobre la actividad y la rentabilidad de las economías regionales. Como lo dijo hace casi cuatro años, Agustín Zeppa, tesorero del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, los planes de facilidades constituyen una tabla de salvación para aquellos morosos que esperan ese régimen para renovar sus compromisos ante el fisco. Sin embargo, “se han convertido en un mal necesario, en el que el Estado fundamenta su aplicación con el fin de evitar la expiración del plazo para exigir el cobro de las deudas”, resume.

Se dice que las moratorias son buenas porque acomodan, en el tiempo, una deuda según la capacidad de pago del contribuyente. Se dice que son malas, porque -más allá de las bonificaciones- causan desigualdades con los que abonan regularmente sus impuestos, indica el experto. Se dicen que son feas porque, en suma, constituyen una vieja costumbre del Estado como mecanismo para novar deudas y de los morosos, que siempre esperan estos planes de pago. “En Tucumán, este cóctel se cumple al dedillo con el régimen excepcional de pago de deudas impositivas que entrará en vigencia en breve; pero consideramos que deberían buscarse nuevas alternativas como tener planes cortos de definición automática para salir del paso de ahogos financieros momentáneos”, considera.

Zeppa sugiere, hacia el futuro, plantear nuevas estrategias, con nuevas formas de promover actividades como lo realizado por otras provincias como Chaco con su Ley 6544, que incentiva el desarrollo de Proveedores locales y promover la producción de artículos de demanda local, o Santiago del Estero que, a través de la ley 6750, promueve la instalación de nuevas industrias o la ampliación de las existentes buscando el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas industrias y comercios.